La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, La presente Ley se aplica al sector público, que comprende: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional Una de sus principales novedades es la implantación de los sistemas electrónicos de comunicación entre la administración y los ciudadanos o las empresas, lo que conlleva la eliminación del papel y la agilización en las notificaciones

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